CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Hoy comienzo mis clases como profesor de derecho procesal Contencioso-Administrativo en el Máster en Práctica Jurídica que imparte la Universidad de Salamanca junto con el Colegio de Abogados de esta ciudad.
Bajo un nombre y título tan estridente (Derecho Contencioso-Administrativo) se esconde la normativa que regula el funcionamiento de los juicios contra el estado. Si queremos recurrir una multa de tráfico, una sanción por permitir fumar en un bar, la liquidación que nos pueda hacer Hacienda por nuestro IRPF, un plan urbanístico, la responsabilidad que tiene el Estado por el mal funcionamiento de los servicios públicos, la no concesión de una plaza en unas oposiciones o, simplemente, un reglamento, hay que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
De estos juicios conocen los jueces de lo contencioso-administrativo, que los podemos encontrar en los Juzgados de lo Contencioso, que entienden de los juicios que planteamos a los Ayuntamientos (por ejemplo), en los Tribunales Superiores de Justicia, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.
La contencioso-administrativa es la jurisdicción más lenta; la media de un juicio en esta vía suele estar entre 3 y 5 años. Obtener una sentencia antes es casi imposible, de ahí que sea de vital importancia conseguir que, mientras se tramita el recurso, se suspenda la ejecución del acto. Es lo que se llama la justicia cautelar y se solicita como medidas cautelares.
En estos pleitos tendremos casi siempre enfrente al Abogado del Estado, del Ayuntamietno o de la Comunidad Autónoma, que son los que defienden a la Administración.
Comienzo, pues, hoy a explicar la práctica de esta rama del derecho y vuelvo a la Universidad, donde siempre es bueno recalar para impregnarse de los bríos de las mentes inquietas por aprender y empaparse de la experiencia de los demás.